Aquellos
que se ven envueltos en el dilema de “sobrevive el mas fuerte” tienen una ardua
tarea de elección, en el caso de que puedan o quieran hacerlo. Son milenios de
evolución que piden a gritos la decapitación del rival, o en este caso, el
desalojo de Calle San Luis.
Lo justo es
justo. Aquel que afronta mensualmente una ráfaga de metralla impositiva conoce
muy bien los sinsabores del comercio. Ese mismo que observa cómo en la vereda
se consuman transacciones free taxes
mientras en su local, con aire acondicionado, probador, estanterías, empleados,
depósito y todo lo que el municipio establece y exige, no entró nadie en todo
el día.
La otra
campana suena muy fuerte también. Caminar la calle es más que una escuela, es
una vida de infortunios. Estar a la vera de la ley cada día supone una aventura
indeseada. Pensar que todos tenemos las mismas oportunidades es dar vuelta la
cara a la realidad de la ciudad que habitamos.
Pero, cómo
dar vuelta la mirada ante la vil escena de una veintena de oficiales
desalojando a quienes solo intentan llevar el pan a casa?. No es de extrañar,
que, detrás de la vidriera, sintiera remordimiento más de uno de los
denunciantes.”No queremos dejar sin trabajo a nadie”, es el comentario latiguillo por el barrio,
pero no hay dudas de que nadie los quiere por ahí.
La
contraposición se establece en los derechos; derechos del comerciante a la
competencia leal y el derecho al trabajo digno del vendedor urbano. El problema
es que ambos tienen razón. No puede negársele al comerciante la equidad de
condiciones pero tampoco quitarle la posibilidad de trabajar a aquel que lo
necesita.
Ante este
complicado panorama se encuentra el municipio en el intento de salir bien
parado. La historia comienza a desdibujarse cuando aparecen en el juego aquellos que no están, pero que mucho tienen que ver con los puestos: los verdaderos dueños. Alfredo, trabajador de uno de los puestos de San Luis al 1400, asegura que no hay conflictos y que nunca los hubo: “es todo muy tranquilo, con los comerciantes no hay problemas”, comenta el vendedor con displicencia.
Pero Miguel, propietario de un local de venta de artículos para celulares,
contrapone una situación mucho más compleja. Comentó fuera de micrófono que lo
que en realidad sucede detrás del negocio callejero no escapa a lo que se ve
por televisión. “Acá pasa un tipo con un par de matones todas las semanas a
cobrarles a los puesteros unos 40 pesos semanales”, susurró con indignación.
Añadió que este supuesto cobrador nada tiene que ver con los puestos ni con la Municipalidad, sino que es un
intermediario que hace posible la instalación de dichos puestos y la vigencia
de los mismos.
Por otro
lado, Alfredo accedió a mostrar la habilitación que el municipio da y que le
asegura la permanencia hasta el 31 de Marzo del 2012, así como también un
crokis con las indicaciones para delimitar el puesto callejero, que, desde ya,
no se cumplen como corresponde. Pero la
sorpresa está en el reverso de la habilitación, donde dice que el verdadero
propietario no es Alfredo, sino una tal Irma Emilia Dieni, que poco parentesco
tiene con él.
Entonces,
los puestos son para los necesitados de trabajo o para que los necesitados de
trabajo generen ganancias para los no necesitados? Con el paso del tiempo los
conceptos evolucionan, y en ocasiones se deforman.
En el
artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 7.703 del año 2004 que regula la venta
callejera, exige como requisito excluyente que aquel que solicite una
habilitación para tal fin, debe no contar con otro medio de subsistencia en el
grupo familiar. No parece ser éste el caso de la señora Dieni, ya que tiene un
empleado para el emprendimiento y no es ella quien lo atiende. Ahí es donde
entra el señor misterioso, a mediar para conseguir que esas irregularidades
pasen desapercibidas.
A esto me
refiero cuando hablo de deformación de los conceptos. Una ordenanza que
pretende regular lo irregulable permite que una serie de abusadores termine de torcer la letra y las verdaderas
intenciones de la ley en beneficio propio, a costas de las necesidades de
algunos inmigrantes. La Municipalidad, que se jacta de su pulcritud en la
gestión, derrapa en una simpleza que ni siquiera tiene cintura taxativa; es una
normativa que no se cumple como tantas otras.
En
definitiva, mientras más se sabe sobre el tema, más injusticia se encuentra. El
comerciante sufre la competencia desleal y los necesitados trabajan por monedas
y entre ceja y ceja. Solamente aquellos que nada arriesgan y menos sacrifican,
son los que mejores dividendos logran de esta coyuntura.
